Publicado: 22/07/2026 12:40 · Por Equipo Editorial

El Congreso aprueba la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas: fechas de entrada en vigor y cambios clave

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma legislativa que establece la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en España, marcando un hito en la regulación del mercado de trabajo nacional y modificando de forma sustancial el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. La norma, respaldada por la mayoría parlamentaria tras meses de intensas negociaciones entre el Ministerio de Trabajo, las centrales sindicales y los agentes sociales, supone una disminución del límite máximo legal del tiempo de trabajo sin que se produzca minoración alguna en el sueldo de los trabajadores. Con esta medida, España adapta su marco laboral a las transformaciones organizativas del empleo moderno, promoviendo la conciliación de la vida personal y laboral, el incremento de la productividad y la convergencia con los estándares horarios de la Unión Europea.

Calendario de implantación y fases de entrada en vigor de la jornada de 37,5 horas

La aplicación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales no se realizará de manera intempestiva, sino mediante un calendario escalonado diseñado para garantizar la adaptación paulatina de los diferentes sectores productivos. La primera fase de la reforma entrará en vigor de forma inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, fijando un tope intermedio de 38,5 horas semanales durante los primeros meses de transición. Este periodo transitorio permitirá a las empresas reajustar los cuadrantes horarios, adecuar los turnos de trabajo y renegociar los convenios colectivos que permanezcan bloqueados o caducados.

La implantación plena del tope legal de 37,5 horas semanales quedará consolidada de forma definitiva en el ejercicio en curso, momento en el cual ninguna jornada ordinaria en España podrá superar dicho límite en cómputo anual. En términos prácticos, el cómputo de horas anuales de trabajo efectivo pasará de las 1.826 horas anuales fijadas en el régimen anterior a un máximo de 1.712 horas anuales. Este reajuste de 114 horas anuales de descanso adicional beneficiará de forma directa a más de doce millones de trabajadores del sector privado que actualmente se rigen por la jornada máxima legal de 40 horas.

Las comisiones paritarias de los convenios colectivos tendrán un plazo de adaptación para acordar la distribución irregular de la jornada o la acumulación de horas en jornadas completas de descanso o días de libre disposición. En caso de que un convenio sectorial o de empresa no alcance un acuerdo antes del hito fijado por la ley, la jornada de 37,5 horas se aplicará de manera directa por imperativo legal, prevaleciendo la norma general sobre cualquier disposición contractual inferior.

Moción de votación en el Congreso de los Diputados para la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en España

Garantía de mantenimiento salarial e impacto en los tipos de contrato

Uno de los pilares fundamentales del texto legislativo aprobado por la Cámara Baja es la prohibición expresa de reducir las retribuciones de los empleados como consecuencia del recorte horario. El principio de neutralidad salarial garantiza que los trabajadores percibirán el mismo salario bruto mensual y anual que venían cobrando con la jornada de 40 horas. Esto se traduce, en la práctica, en un incremento automático del valor del precio de la hora ordinaria de trabajo, lo que repercutirá positivamente en la base de cálculo de complementos salariales, trienios y futuras indemnizaciones.

En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial, la reforma introduce un mecanismo de protección y revalorización proporcional. Aquellas personas con contratos a tiempo parcial que mantengan su mismo número de horas lectivas o laborales verán incrementado su porcentaje de jornada en relación con la nueva jornada completa de referencia. Asimismo, los empleados a tiempo parcial tendrán la opción voluntaria de mantener su coeficiente de jornada anterior, lo que conllevará un aumento proporcional de su salario mensual al haberse elevado el precio base de la hora dedicada al trabajo.

Esta reestructuración del marco retributivo impacta también en las cotizaciones a la Seguridad Social, blindando las bases reguladoras de cara a futuras prestaciones por desempleo o jubilación. Quienes deban consultar las condiciones de acceso a coberturas públicas pueden revisar los nuevos requisitos para solicitar el subsidio por desempleo en España, donde se recogen las últimas modificaciones de protección social vinculadas a las reformas del mercado de trabajo.

Digitalización obligatoria e interoperabilidad del registro de jornada

Para asegurar el cumplimiento efectivo de la reducción horaria y evitar fraudes o la proliferación de horas extraordinarias no pagadas, la ley introduce una profunda reforma del sistema de control horario. El registro de jornada en soporte de papel o mediante hojas de firma manuales queda totalmente proscrito. A partir de la entrada en vigor de la nueva regulación, todas las empresas que operen en España estarán obligadas a implementar un sistema de registro horario digital, objetivo e inaccesible a modificaciones posteriores de forma unilateral por parte del empleador.

El nuevo sistema digital deberá ser interoperable y accesible de forma remota e inmediata para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como para los representantes legales de los trabajadores. Cada empleado deberá registrar el inicio y la finalización de su jornada a través de aplicaciones corporativas, dispositivos biométricos o plataformas web que garanticen la trazabilidad y la autenticidad de las marcaciones. Los datos registrados deberán conservarse durante un periodo mínimo de cuatro años a disposición de las autoridades laborales.

La norma contempla también la obligatoriedad de que el sistema de registro identifique de forma clara el lugar de prestación del servicio, distinguiendo entre trabajo presencial y trabajo a distancia o teletrabajo. De esta forma, la administración laboral busca erradicar la sobrecarga de horas no contabilizadas en modalidades de trabajo flexible, garantizando que el cómputo de 37,5 horas semanales se respete con independencia del entorno en el que se desempeñe la actividad profesional.

Derecho a la desconexión digital y reorganización de turnos

La aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas viene acompañada de un reforzamiento del derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo. La ley explicita que la disponibilidad telefónica, el envío de correos electrónicos, la mensajería instantánea profesional o el acceso a sistemas corporativos fuera del turno fijado no podrán exigirse al trabajador bajo ninguna circunstancia, salvo situaciones de fuerza mayor debidamente justificadas e indemnizadas.

Las empresas deberán elaborar protocolos internos de desconexión digital en colaboración con la representación sindical, fijando pautas claras para el uso de las tecnologías de la información durante los periodos de descanso, permisos y vacaciones. Las ordenes transmitidas por la dirección fuera del horario laboral serán consideradas nulas y no podrán dar lugar a medidas disciplinarias ni repercusiones negativas en la carrera profesional del empleado.

Asimismo, la reorganización del tiempo de trabajo afectará de forma directa a la gestión de los cuadrantes en empresas con trabajo a turnos o con apertura continua. Las compañías deberán notificar la planificación de los turnos con un margen mínimo de antelación fijado por la ley, impidiendo modificaciones unilaterales de última hora que atenten contra la conciliación de los trabajadores. La flexibilidad horaria permitida por los convenios deberá ajustarse estrictamente a la bolsa de horas pactada sin rebasar en ningún caso los descansos diarios y semanales fijados por la normativa europea.

Adaptación sectorial, negociación colectiva y el papel de las pymes

La efectividad de la reducción de la jornada laboral requerirá un esfuerzo adaptativo diferenciado según la naturaleza de cada sector económico. Mientras que actividades vinculadas a los servicios administrativos, la tecnología o el sector financiero cuentan con mayor margen para asumir la reducción mediante la optimización de procesos, sectores altamente intensivos en mano de obra como la hostelería, el comercio, la agricultura o la construcción afrontan retos organizativos de mayor complejidad.

Para paliar las dificultades operativas en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y en los trabajadores autónomos con empleados a su cargo, el texto legislativo incluye un paquete de medidas de acompañamiento y bonificaciones a la contratación. Las pymes que necesiten incorporar nuevo personal para cubrir la brecha horaria originada por la reducción de jornada podrán beneficiarse de deducciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, siempre que mantengan el empleo neto creado durante un periodo mínimo de dos años.

La negociación colectiva desempeñará un papel crucial como herramienta de flexibilización pactada. Los convenios sectoriales podrán acordar fórmulas de redistribución del tiempo de trabajo, como la implantación de jornadas intensivas durante periodos estivales, la reducción del horario del viernes o el disfrute de semanas laborales de cuatro días en aquellos sectores donde las características de la producción lo permitan. En este contexto de adaptación financiera y operativa para los negocios, es relevante seguir de cerca el control fiscal sobre las actividades económicas y las exigencias de gestión administrativa que afectan al tejido empresarial.

Régimen de infracciones y cuantía de las sanciones administrativas

Con el propósito de asegurar el cumplimiento efectivo de la ley y evitar la competencia desleal entre empresas, el proyecto aprobado endurece notablemente el régimen sancionador recogido en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). La principal novedad radica en que las multas por incumplimiento del límite máximo de jornada o por irregularidades en el registro de horario dejarán de aplicarse de forma global por empresa y pasarán a calcularse de manera individualizada por cada trabajador afectado.

Infracciones leves: Fallos formales menores en los resúmenes del registro de jornada o falta de entrega de los cuadrantes en plazo. Sanciones económicas de entre 100 y 2.000 euros por expediente.
Infracciones graves: Transgresión de los límites semanales de 37,5 horas, falta de implantación del registro digital obligatorio o superación del límite máximo de horas extraordinarias. Multas de 1.000 a 10.000 euros por cada trabajador en situación irregular.
Infracciones muy graves: Falsificación o alteración maliciosa de los datos del registro informático de jornada, así como presiones para trabajar horas no declaradas. Las sanciones oscilarán entre los 10.001 y los 200.000 euros en sus grados más elevados.

La Inspección de Trabajo intensificará las campañas de control automatizado mediante el cruce de datos telemáticos de la Seguridad Social y las marcaciones digitales de los sistemas de registro. Las empresas sancionadas por infracciones muy graves quedarán excluidas además del acceso a subvenciones públicas y licitaciones con la Administración durante un periodo de hasta dos años desde la firmeza de la resolución administrativa.